Responsabilidad civil en la montaña en Chile: la visión jurídica de Pablo Heuser
En esta entrevista hablamos con Pablo Heuser, abogado, montañista amateur hace mas de 25 años y una de las voces más reflexivas en torno al cruce entre derecho, seguridad y actividades de montaña en Chile. Con más de dos décadas vinculado al montañismo desde expediciones y procesos formativos hasta la participación en instancias internacionales como la UIAA, Pablo ha trabajado para fortalecer estándares, promover la profesionalización de guías y aportar a la discusión sobre responsabilidad, regulación y cultura de riesgo en el país. Su mirada combina la experiencia práctica en terreno con el análisis jurídico, lo que le permite abordar temas como el consentimiento informado, las brechas normativas y los desafíos que enfrenta Chile frente a modelos internacionales. A partir de su trayectoria, profundiza en cómo el país ha construido su cultura montañista, qué prácticas deben reforzarse y cuáles son los principales dilemas éticos y legales que aún están sobre la mesa.
¿Cómo nació la idea de juntar el mundo del derecho con el montañismo?
Comencé a hacer montaña en el año 2001 mientras estudiaba Derecho. Siempre fueron mundos separados para mí: por un lado, mi carrera y por otro, esta afición que fui desarrollando con amigos y luego en un club federado. Cuando entré a cursar un magíster en Derecho el 2010, apareció la oportunidad de unirlos. El programa tenía ramos de responsabilidad civil y derecho del consumidor, y ahí pensé: esto también aplica a la montaña, sobre todo a los accidentes y a los servicios de turismo activo, un tema prácticamente no explorado en Chile. Le propuse a mi profesor guía hacer mi investigación en esa línea, y él me dijo “tu dale… aunque no voy a poder ayudarte mucho ya que de este tema no he visto nada” y aceptó guiarme. Buscando referencias me comunique con Darío Arancibia, quien me puso en contacto con Xabier Ezeizabarrena, un abogado del País Vasco que, en ese tiempo, trabajaba como Chairman del grupo legal de la UIAA.
Con él empecé a intercambiar bibliografía, sentencias de tribunales españoles (jurisprudencia) y experiencias que acá simplemente no existían. Ese intercambio me ayudó a tener un patrón de contraste para mi investigación. Terminé el magíster en 2013 y unos meses después, Xabier me invitó a incorporarme como corresponding member del Legal Expert Working Group. Esa fue la confirmación de que sí era posible juntar los dos mundos; usar el Derecho para aportar a la seguridad, la responsabilidad y la comprensión jurídica de las actividades de montaña.
¿Cuáles consideras que son hoy los mayores vacíos legales en Chile respecto a la determinación de responsabilidades cuando ocurre un accidente en entornos de montaña?
Más que vacíos legales, lo que existe en Chile es la ausencia de una normativa específica sobre accidentes de montaña. Sin embargo, el Código Civil y la legislación vigente permiten abordar estos casos aplicando reglas de responsabilidad contractual y extracontractual, haciendo analogías extensivas. El problema es que muchos contratos de agencias o actividades outdoor, incluidos los famosos “deslindes de responsabilidad” están mal redactados y en la práctica, no resguardan a nadie, y a la hora de presentarlos como medio de prueba en un tribunal no tendrían validez. Por otro lado, basta un intercambio por correo o chats de redes sociales, para acreditar las tratativas preliminares y la relación contractual, y así los pasajeros siempre podrían intentar demandar si consideran que hubo negligencia.
Lo que realmente falta es estandarizar procesos, que los prestadores informen de manera clara los riesgos, especialmente en actividades mayores como expediciones de varios días. Hoy hay una práctica habitual el “briefing”, pero suele ser insuficiente. En el área de la salud, existe el consentimiento informado, y algo parecido debería aplicarse en montaña: detallar riesgos, logística, capacidades requeridas y condiciones reales. Eso ayudaría a que el cliente tome decisiones con información completa y también ordenaría la responsabilidad del guía o la empresa, pero claro, eso más trabajo, y la gran mayoría prefiere solo rellenar espacios en blanco en un formato tipo. Finalmente, el mayor desafío no es legal, sino operativo. Sernatur tiene normativa, pero carece del personal en cantidad suficiente y capacidad para fiscalizarla. Por eso es clave que el propio sector (guías, asociaciones y empresas) adopte protocolos y checklist mínimos, tal como ocurre en la medicina. No hay cinco tips infalibles para evitar demandas o accidentes, pero sí una serie de pasos que no pueden fallar si queremos actividades más seguras y responsabilidades más claras.
A raíz de la tragedia reciente en Torres del Paine, donde cinco excursionistas fallecieron en el Circuito “O” tras una ventisca extrema ¿Cuál es su análisis sobre las responsabilidades legales involucradas?
En este caso veo una responsabilidad compartida entre tres actores: CONAF, el concesionario del sector y los propios visitantes. Las instituciones y operadores turísticos deben entregar información clara sobre riesgos, condiciones de la ruta y limitaciones logísticas, especialmente en zonas remotas donde la evacuación es compleja o difícil. Pero quienes realizan la travesía también tienen el deber de prepararse, informarse y equiparse adecuadamente; no basta con pagar la entrada para esperar que todo esté resuelto. Hoy muchos visitantes recorren el parque con equipamiento mínimo gracias a servicios contratados, lo que funciona en zonas protegidas, pero no en sectores expuestos. Por eso, además del análisis técnico, será clave la investigación del Ministerio Público para aclarar qué falló y cómo se distribuye la responsabilidad en un evento con cinco fallecidos.
¿Qué aspectos deberían revisarse en términos de protocolos, permisos, regulación del parque o información al turista para prevenir eventos similares?
Antes de definir responsabilidades legales, creo que es esencial revisar el contrato entre CONAF y la concesionaria, porque ahí se establece quién debe encargarse de seguridad, control y protocolos. Sin ese marco, cualquier conclusión es incompleta o apresurada. Sí creo que deben reforzarse las medidas preventivas: no solo controlar entrada y salida, sino también evaluar la experiencia de quienes ingresan, sean pasajeros guiados o montañistas independientes. Y en un sector tan expuesto, esa información es clave para evitar riesgos. Lo más urgente es implementar controles en terreno: una portería o punto de vigilancia en ese sector que es de mayor riesgo, un espacio de refugio y un sistema claro de actualización meteorológica. Sea la autoridad o la concesionaria, alguien debe asumir estas mejoras. Lo fundamental es que algo así no puede volver a ocurrir.
Actualmente se encuentra el proyecto de ley “Imprudencia Temeraria de Excursionistas operaciones de búsqueda y rescate” ha generado un debate intenso entre especialistas y personas aficionadas a la montaña ¿Crees que realmente puede disminuir los accidentes, o existe el riesgo de generar una montaña excesivamente judicializada? ¿Hasta dónde debería llegar la ley en actividades de riesgo?
La idea de regular la imprudencia temeraria genera debate porque para muchos montañistas, la montaña es uno de los pocos espacios libres de la sobre regulación urbana. Aquí es donde el tiene sentido el aforismo jurídico que dice que el derecho va siempre detrás de los hechos. Por eso el derecho siempre llega cuando los accidentes se repiten y aparecen conflictos en que el Estado o la autoridad competente debe atender o intervenir. Tarde o temprano, una ley así iba a surgir. En teoría, los comportamientos imprudentes ya están cubiertos por el “riesgo consentido”, y que consiste básicamente en que cada persona tiene el deber de planificar, informarse y equiparse adecuadamente para la actividad que pretende hacer. Pero cuando alguien actúa sin preparación mínima, como, por ejemplo; sin agua, sin vestuario de abrigo, sin linterna y requiere un rescate, el Estado igual debe responder. El proyecto actual incluso contempla que los juzgados de policía local evalúen, con informes de bomberos u organismos de rescate, si hubo negligencia y si corresponde una sanción o cobro de gastos, y esto ultimo ya seria subjetivo y discrecional. El riesgo es judicializar en exceso una actividad que se basa en libertad y autosuficiencia. Pero también es razonable establecer consecuencias cuando las decisiones temerarias obligan a desplegar recursos públicos. El desafío es encontrar un equilibrio; no criminalizar la montaña, pero sí responsabilizar a quienes ponen en riesgo su vida sin preparación básica.
A lo largo de la carrera has participado en instancias internacionales como la UIAA ¿Cuáles son las principales diferencias que observas entre la regulación de actividades de montaña en Chile y la de países como España, Francia o Suiza?
Desde mi perspectiva, el problema en Chile es profundamente cultural. Cuando comparo nuestra realidad con países del arco alpino como Francia, Suiza o Italia veo una tradición montañista mucho más arraigada, donde existe estructura, formación y pertenencia. En Alemania, por ejemplo, casi todas las personas que salen a la montaña, desde quienes hacen un sendero sencillo hasta quienes escalan grandes paredes, están inscritas en el mismo club nacional (DAV). En Chile, en cambio, apenas un 5 o 10% de quienes practican montaña está federado. Esa baja participación refleja una idea muy instalada, la noción de que la “libertad” permite hacer montaña sin preparación ni pertenencia a ninguna organización. Cuando participé hace años en comunidades como Tricuspide.com, que era un foro de montañismo, ya se veía claro que la mayoría prefería ir libre (sin afiliarse), desconfiando de la federación y evitaban someterse a procesos formativos. Esa cultura sigue presente hoy y explica en parte por qué cuesta instalar prácticas seguras. A esto se suma un fenómeno reciente: el ingreso masivo de personas a la montaña, muchas veces sin formación, sin gradualidad y confiando en que un tutorial de YouTube basta para enfrentar riesgos reales. Mientras no exista una cultura que valore la preparación progresiva, los cursos y la organización, la accidentalidad va a seguir presente. Podemos mejorar mucho, pero el riesgo nunca desaparecerá del todo.
Desde su experiencia comparando marcos jurídicos ¿Qué buenas prácticas o regulaciones internacionales cree que Chile debería adoptar para mejorar la seguridad y la gestión del riesgo en entornos naturales?
Desde mi perspectiva, Chile no ha inventado nada nuevo: nuestras normas y estándares vienen casi todos de modelos internacionales, especialmente europeos. Al participar en espacios como la UIAA en 2016, era evidente que los países alpinos ya habían creado muchas de las reglas que usamos en el mundo occidental. Mientras la IUAA hoy apoya más a países que aún no tienen estructuras mínimas, y se están desarrollando en actividades de riesgo como montaña y escalada, nuestra región avanza de forma desigual. Chile desarrolló temprano un sistema federado influido por inmigrantes europeos, mientras Perú y Bolivia se profesionalizaron antes en el guiado por una necesidad laboral concreta. Por eso creo que el foco en Chile no debe ser crear nuevas reglas, sino aplicar bien las que existen: profesionalizarse de forma continua, adoptar estándares reconocidos y fomentar una cultura de seguridad y formación accesible para más personas.
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